FEDEP BANDERA POPULAR

FRENTE DEMOCRÁTICO POPULAR DEL PERÚ

Consejo Regional de Lima y Callao

NO BASTA PROTESTAR CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LOS JUECES, URGE DEMOCRATIZAR EL PODER JUDICIAL PERUANO. 

(Por: Walter Romero Quinto, profesor de Filosofía, Ex Dirigente Nacional del SUTEP y Secretario General del  CEN del FEDEP). 

La corrupción en el Perú es de larga data. ¿Fue o no fue corrupto el ofrecimiento de libertad que le hizo Pizarro a Atahualpa, a cambio de un cuarto de oro y dos de plata, y no haber cumplido con su oferta? En la lucha por nuestra independencia frente al colonialismo español, se recaudaron fondos en pro de la lucha por la libertad. Ejemplo, fueron vendidos los cálices de oro de muchas iglesias. Pero estos fondos, o parte de ellos, muchas veces se quedaban en manos de los recaudadores. Esto obligó a Bolívar a decretar nada menos que la pena de muerte para los corruptos que fueran descubiertos apropiándose de los fondos de la patria. En la guerra con Chile, un presidente tomó fondos del Estado y viajó a Europa a comprar armamentos y nunca regresó. ¿Qué otras cosas más habrá visto el patriarca don Manuel González Prada, en el período de esta  guerra y de la postguerra que lo llevó a expresar, a fines del siglo XIX, que el Perú era ya un organismo enfermo (de corrupción), al grado que”donde se pone el dedo, brota la pus”? ¿Y a lo largo de nuestra historia patria cuántos corruptos fueron sancionados por infringir la ley? Nadie, o casi nadie. La causa de ello es que la corrupción habita y vive a sus anchas en el mismo poder judicial peruano. Esto es grave.

Una famosa muliza del centro del Perú en sus letras dice: “La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno; justicia, justicia no hay en la Tierra, justicia sólo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres”. El mensaje tiene una afirmación categórica, “justicia no hay en la Tierra”, y supone que justicia sólo hay “en el cielo”, porque allí “no hay ricos ni pobres”, es decir, donde la justicia o la injusticia ya no es un negocio en la mano de los jueces.

El sistema judicial crea una casta de hombres poderosos, muy poderosos: los jueces. Para empezar, son bien remunerados. Un juez supremo en el Perú gana 35 mil soles mensuales, además de recibir gasolina para su vehículo y protección policial. Teóricamente, su labor es hacer justicia, pero ¿hacen justicia?

En la vía civil, si el reclamante es familiar, amigo o “cliente”, es atendido de inmediato; si no es, no hay cuando lo atiendan. Y al lado de jueces que cobran “por hacer justicia”, hay jueces que cobran para cometer injusticias. Ejemplo: El alcalde de una ciudad, en contra de la ley, otorgó a una empresa chilena una licencia de construcción en un terreno en litigio. Ante el reclamo de los perjudicados el alcalde les retó: "Si creen que es ilegal lo que hice, demándenme". El alcalde fue demandado por los afectados, y hasta la fecha no hay sanción ni a favor ni en contra de los demandantes. Pese a que el caso es jurídicamente sencillo de resolver, hace tres años que dicho expediente “duerme dulcemente” en los escritorios del Poder Judicial.

En la vía penal, si un acusado es familiar, amigo o “cliente”, será liberado inmediatamente “por falta de pruebas”, y si el caso es un tanto complicado, (mejor dicho, escandalizado), dormirán el expediente y el acusado saldrá libre de la prisión preventiva, a los nueve meses, “por exceso de carcelería sin sentencia”; pero si no es familiar, ni amigo, ni “cliente”, será detenido inmediatamente “mientras dure la investigación” y será apresado indefinidamente, fuera de todo plazo, sin haber sido juzgado.

En nuestro actual sistema judicial el juez es pues un ser poderoso, poderosísimo. Tiene en sus manos el “poder de la justicia” o “el poder de la injusticia”. Nadie puede interferir en su labor ni cuestionar sus decisiones, ni el poder Legislativo, ni el poder Ejecutivo, ni la Iglesia, ni el periodismo. Nadie, absolutamente nadie. El caso que hoy remueve el poder judicial peruano es por unos audios habidos. De no ser estos audios donde los jueces pactan la ejecución de delitos, seguirían siendo intocables aún hayan tomado decisiones contra la ley. Los jueces proclaman el viejo dogma que para garantizar la JUSTICIA el Poder Judicial es y tiene que ser INDEPENDIENTE de todo control. ¿Y qué es lo que vemos? Injusticia por todo lado. Las grandes mayorías del país ya no podemos seguir soportando sobre nuestros hombros a estos personajes, que bajo el supuesto de “impartir justicia” se han organizado en verdaderas sociedades delictivas para la producción industrial de injusticias en el país. Basta ya de tanta impunidad de los jueces. Más autonomía y más presupuesto para este podrido sistema judicial no es el camino para mejorar la justicia en el Perú. Autonomía casi siempre lo han tenido. Presupuestariamente, una de las primeras medidas del presidente Toledo fue duplicar el sueldo de los jueces “para terminar con la corrupción judicial”. Y la corrupción siguió imperando, y cada vez con más descaro. Aquí se requieren otras soluciones que ataquen a las raíces de los rancios problemas de la justicia y el Poder Judicial. Cambiar a un juez por otro juez dentro del mismo sistema judicial podrido, tampoco es solución.

No es posible que, en el país, un criminal, con testigos de su crimen, y que públicamente reconozca haber cometido el crimen, no sea sancionado inmediatamente, “porque tiene derecho a un debido proceso judicial”, y tiene todas las posibilidades de ser liberado “por falta de un debido proceso”, o por “exceso de carcelería sin sentencia”. No es posible que muchos que han estafado comprobadamente al Estado, “queden libres de polvo y paja” porque sencillamente “prescribió su caso”, o sea, porque no fue sancionado dentro de un plazo que exige la ley. Desde luego, estas leyes deben ser revisadas.  

No puede ser que un juez supremo implicado en el negocio de rebajarle la pena o darle la libertad al violador de una niña no pueda ser destituido inmediatamente, y hasta exija “respeto a sus derechos humanos” e insinúa jactanciosamente que solo puede ser juzgado por sus superiores. ¿Algo importa que pisoteó los derechos a la justicia una inocente niña? ¿Algo importa la justa indignación de sus familiares y de millones de peruanos? Basta. Hace años que, formalmente, el Perú no es un país de castas y privilegios.

URGE PONER BAJO CONTROL POPULAR AL PODER JUDICIAL.

Esta es la única alternativa para mejorar la justicia en nuestro país, y creo que en cualquier otro país del mundo. Hace siglos, hace más de dos siglos (desde el triunfo de la revolución francesa) se viene sosteniendo el axioma que en un régimen democrático “el poder nace del pueblo”, pero inexplicablemente, el poder del Poder Judicial, el poder de los jueces no nace del pueblo. Tampoco nace del cielo. Empecemos con una pregunta fundamental: ¿Quién designa a los jueces?

Aquí es oportuno recordar que, en el Perú, en los tiempos de la Cerro de Pasco Cooper Corporation, era esta empresa norteamericana la que designaba a todas las autoridades de su jurisdicción, entre ellos, a los jueces. Hoy los jueces son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero quienes eligen a los miembros de este consejo? El Congreso de la República, que como ya se sabe, está integrado por una enorme mayoría de ex candidatos financiados por las grandes empresas. En suma, ahora los jueces son designados POR UNA CÚPULA JUDICIAL designada por los representantes de las grandes empresas, es decir, el poder de los jueces nace del poder de las grandes empresas. En una sociedad que se precie de democrática esto es antinatural y tiene que acabar.

ELECCION DE LOS JUECES

En un sistema republicano, hay tres poderes del Estado. El poder Legislativo, que formula las leyes; el poder ejecutivo, que ejecuta las leyes en el sector público del país; y el poder judicial, que sanciona a quienes infringen la ley.

Si se elige en elecciones generales, por un período, a los parlamentarios, que son los encargados de elaborar las leyes. Si se elige en elecciones generales, por un período, al presidente de la república, a los gobernadores regionales y a los alcaldes provinciales y distritales, que son los encargados de ejecutar las leyes en el sector público de sus respectivas jurisdicciones. La pregunta necesaria es: ¿Y por qué los jueces, encargados de sancionar a quienes incumplen la ley, no son elegidos en elecciones generales, por un período determinado-, sino por una CÚPULA vinculada al empresariado, y de modo VITALICIO? Esto no tiene ningún sustento que pueda preciarse ni de humanista ni de científico. Los jueces no pueden ser elegidos VITALICIAMENTE, por una CÚPULA (cualquiera sea su nombre). Definitivamente, esto es antinatural y está contra la naturaleza misma de la democracia. Para ser juez no basta el CONOCIMIENTO del Derecho, es imprescindible tener una pública INTEGRIDAD ÉTICA Y MORAL, y requiere el respaldo ético y moral de la colectividad.

Ser abogado es una profesión. Cualquiera puede ser abogado y desempeñarse como tal. Pero ser juez o ser fiscal provincial, regional o "de la Nación" de un país tildado de democrático ES DESEMPEÑAR UN PODER DEL ESTADO, es desempeñar un ALTO CARGO PÚBLICO DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO, y por lo tanto NO PUEDE ESTAR AL MARGEN DEL PODER DEL PUEBLO, DEL VEREDICTO POPULAR, DE LA CONFIANZA POPULAR, DEL CONTROL POPULAR. Reitero, dentro de una sociedad democrática es antinatural que haya un Poder Judicial que nazca del poder económico de una minoría (la minoría empresarial), y se halle totalmente al margen del poder popular.

Ya es un principio universal combatir la concentración del poder económico de los monopolios (se debe dar paso “a la competencia”); ya es una norma internacional evitar la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, (se debe promover “diferentes corrientes de opinión”), entonces va pues contra esta corriente histórica permanecer concentrando en muy pocas manos el poder de designar a los jueces del país. Definitivamente, debe romperse esta concentración. El dilema es pues: ¿Deben ser los jueces elegidos vitaliciamente “por unos cuantos eruditos" o deben ser elegidos temporalmente y por todos los ciudadanos?

Por lo visto, los grandes ideólogos de la burguesía revolucionaria de los tiempos de la revolución francesa, contrarios a la monarquía absolutista, propusieron conceder al pueblo la elección de sus representantes en el poder Legislativo y en el poder Ejecutivo, e incluso limitaron el poder de estos representantes a una determinada periodicidad en sus cargos, pero reservaron para sí (para los grandes empresarios) el derecho de designar, directa o indirectamente, a los jueces, y que éstos ejerzan vitaliciamente sus cargos. Las banderas burguesas de "todo poder nace  del pueblo", “nos gobierna el imperio de la ley" y “todos somos iguales ante la ley" quedan totalmente desacreditadas cuando el poder de la justicia queda exclusivamente en manos de los representantes de la burguesía, absolutamente al margen del pueblo trabajador. Los hechos vienen mostrando y demostrando que estos jueces solo defienden sus propios intereses y los intereses de las grandes empresas, y hacen de la "justicia" un nauseabundo negociado que debe terminar.

Como una medida razonable puede establecerse la designación de los jueces y fiscales provinciales mediante elecciones generales en cada provincia, y que luego, entre ellos, elijan a los jueces y fiscales de las instancias regionales, y luego, estos, a los jueces y fiscales de la instancia nacional; es decir, piramidalmente, de abajo hacia arriba; y todo esto por un período de tres años, siendo posible la reelección popular de los más idóneos. (Nota: En Bolivia, los jueces supremos son elegidos mediante sufragio universal, por un período de seis años).

LOS PROCESOS JUDICIALES DEBEN TENER PLAZOS DETERMINADOS

Algo que tiene que acabar de una vez por todas son los plazos indefinidos que tienen los jueces para resolver los procesos judiciales. Los litigantes tienen plazos para presentar pruebas o responder a la contraparte, pero los jueces no tienen ningún plazo 

para resolver los casos. El argumento clásico es que “tienen sobrecarga procesal”, “Su caso no es el único, tengo otros casos que atender”, es la archiconocida respuesta de los jueces al reclamo de los litigantes por mucha demora. Tanto en los casos civiles como en los casos penales la ley es clara, y de aplicarse estrictamente la ley es previsible un justo fallo y es posible un rápido fallo. Un juez estudia un expediente y todo lo ve claro, pero cuando aparecen fajos de billetes de por medio “se complica su visión”, “todo aparece confuso”, “el caso necesita ser estudiado muy detenidamente”, “y para ello necesita un tiempo indefinido”. Que la justicia tiene que ser oportuna, que justicia que se demora no es justicia, les interesa un rábano. Por el bien del país esto tiene que acabar. En el caso del alcalde que señalamos anteriormente, la propiedad del terreno estaba en litigio. Sobre un terreno en litigio no puede otorgarse licencia de construcción a ninguno de los litigantes. Sin embargo, el alcalde otorgó licencia de construcción a la empresa chilena. Se demandó al alcalde por el delito de haber infringido la ley otorgando esa licencia. Si el poder judicial, de acuerdo a ley, fallaba oportunamente (en dos o tres meses), señalando que efectivamente el alcalde no podía otorgar licencia de construcción en un terreno en litigio, se paralizaba la obra, pero como hasta hoy no hay ningún fallo, la empresa chilena continuó orondamente con la construcción y ya inauguró su centro comercial, y el alcalde dentro de unos meses concluirá “impecablemente” su mandato y puede “desaparecer del mapa del Perú” sin ningún impedimento. En tanto, esperando el fallo, sea a favor, o sea en contra, ya fallecieron varios de los demandantes, honorables ancianos mayores de ochenta años. ¿Cuántos años necesitará el venerable señor juez para resolver este caso? Por el momento, ya van tres. ¿Tanto tiempo y no resolverse este caso? ¿Esto es justo? 

Es absolutamente necesario cronometrar el trabajo de los jueces. Una propuesta sensata es otorgarles un mes por cada 30 hojas de la demanda. Una demanda de 300 hojas requeriría un plazo de diez meses, y no es ninguna tontería lo que proponemos. Solo exigimos que se aplique la ley expresa a un hecho concreto. Se sobreentiende para ello que el juez es un abogado que conoce la ley y tiene un dominio básico de comprensión lectora para entender el contenido de una demanda o una denuncia. En suma, como sucede en la administración pública, debe haber plazos predeterminados de atención.  No es justo que este año, en el país, haya 2 millones 516 mil expedientes judiciales, y muchos de ellos con varios años sin solución.

APELACIONES POR LIMITE DE PLAZO

¿Y qué debe pasar si un juez de primera instancia no resuelve un caso dentro del plazo previsto? Ante ello consideramos que el demandante debe tener derecho a solicitar que su caso pase, inmediatamente, a la segunda instancia para ser allí resuelto. Ya existe el antecedente del SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO. Dentro de esa lógica que se suponga pues que el juez en primera instancia falló en contra y el caso sea "revisado" y resuelto por la segunda instancia, y sea allí resuelto, en una sola audiencia pública.

INTERPELACIÓN A LOS JUECES

De otro lado, la no solución de un caso debe calificarse como un demérito para el juez, quien debe ser citado por una instancia especial (con la necesaria participación de las autoridades locales y representantes de la sociedad civil organizada de la provincia) para explicar los motivos por los cuales no resolvió el caso “dentro de los plazos establecidos”. ¿Cómo sino los jueces justifican el pago de sus sustanciosos honorarios por su labor de “impartir justicia en la sociedad”? ¿Cómo sino justificar los 2 mil 290 millones de soles (2,290´000,000) que le cuesta al fisco el funcionamiento del Poder Judicial?

NADA DE ESTO SERÁ POSIBLE SIN CAMBIAR LA CONSTITUCION

Para el logro de estas propuestas, es imprescindible el cambio de la actual Constitución Política del Perú. Nada de esto será posible sin este cambio fundamental.

ORGANIZAR AL PUEBLO CONTRA LA CORRUPCION JUDICIAL

La corrupción judicial tiene que ser combatida y tiene que ser derrotada. La corrupción judicial no puede ser el escudo protector de todas las injusticias en el país. Para ello es indispensable que el pueblo se organice contra ella. No basta la protesta. Urge propuestas para un auténtico cambio. Y urge que dichas propuestas sean escuchadas, debatidas y comprendidas por el pueblo, como partes fundamentales de un nuevo sistema judicial dentro de un nuevo Perú. Y solo serán una realidad si el pueblo peruano las hace suyas y se organiza, a nivel nacional, desde sus distritos, para ejecutarlas. Sea en Comités Cívicos, Frentes de Defensa, o Asambleas Populares, o con cualquier otro denominativo, es necesario la unidad del pueblo, en una sola organización nacional. El problema existe. La solución está planteada. O nos organizamos contra la corrupción judicial para tumbarla, o sólo protestamos contra ella y la dejamos en pie para que nos siga pisoteando a su regalada gana.

(Lima, 15 de agosto de 2018).